Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
Se ha publicado en el BOE de 5 de agosto la Ley Orgánica 3/2024, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, y de la Ley 50/1981, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Esta reforma tiene como objetivo principal reforzar la independencia e integridad del sistema judicial español, así como mejorar la estructura y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Principales Modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial:
- Requisitos para el nombramiento de magistrados en el Tribunal Supremo:
- Aumento del tiempo de servicio necesario a veinte años para poder ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo.
- Servicios especiales y excedencias voluntarias:
- Obligación de declarar la situación de excedencia voluntaria para jueces que se presenten como candidatos o sean elegidos para cargos públicos.
- Restricción para reingresar al servicio activo hasta dos años después de cesar en dichos cargos.
- Consejo General del Poder Judicial:
- Introducción de un régimen de incompatibilidades para los vocales del CGPJ.
- Obligatoriedad de comparecencia y presentación de méritos de los candidatos ante la Comisión de nombramientos de las Cámaras.
- Creación de una Comisión de Calificación para garantizar una valoración objetiva de los nombramientos.
Modificaciones en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal:
- Régimen de abstención del Fiscal General del Estado:
- Obligación de abstenerse en causas donde existan motivos de abstención establecidos para jueces y magistrados.
- Decisiones sobre la intervención del Fiscal General serán resueltas por la Junta de Fiscales de Sala.
- Incompatibilidades para el nombramiento de Fiscal General del Estado:
- Restricción para ser nombrado Fiscal General a quienes hayan ocupado ciertos cargos públicos en los cinco años anteriores.
Disposición Adicional y Finalidades Futuras:
La ley también contiene una disposición adicional que prevé un estudio sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos judiciales, con el objetivo de presentar una propuesta de reforma en seis meses. Además, se plantea un incremento de la plantilla judicial y fiscal en 1.000 plazas en los próximos cinco años para atender el aumento de litigiosidad y las jubilaciones.
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